Emergencia en seguridad

En los últimos dos años, Chile ha retrocedido cerca de 30 puestos en el Índice Global de Paz, al ubicarse en el lugar 92 entre los 163 países medidos en 2024. Esta significativa baja refleja cómo la sensación de inseguridad es hoy una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía, lo que durante el pasado fin de semana tuvo un duro capítulo, tras el asesinato de 17 personas en la capital.

Datos de la Fiscalía reflejan que la tasa de homicidios y crimen organizado alcanzó un nivel histórico en 2022, con 6,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes -41% más que el año anterior-, la que se redujo levemente a 6,3 víctimas de homicidios consumados cada 100 mil habitantes en 2023. Sin embargo, lo ocurrido este fin de semana marca un punto de inflexión respecto de un tema que no había estado en el centro de las propuestas programáticas de la actual administración.

Lo ocurrido el fin de semana marca un punto de inflexión respecto de un tema que no había estado en el centro de las propuestas programáticas del Gobierno.

La seguridad personal y ciudadana no es una bandera de lucha de un sector político en particular, sino que es un derecho humano esencial, mediante cuyo ejercicio es posible garantizar el desarrollo, el crecimiento y la confianza en las instituciones y entre los individuos.

Existe una íntima correlación entre la reducción de la criminalidad y el crecimiento económico. El FMI estima que una baja significativa en las tasas de criminalidad puede impulsar la expansión del PIB en hasta un 0,5% anual, en especial en las economías en desarrollo, debido a que los recursos utilizados para subsanar los daños del delito grave podrían destinarse a mejorar el clima para las inversiones, aumentar la productividad y, obviamente, reducir los costos asociados a una seguridad más intensiva.

Lo que presencia el país por estos días bien podría calificarse como la expresión de un “holding del delito”, que está generando temor, incertezas y desafección con las soluciones institucionales contra el crimen. La violencia rural en La Araucanía se ha estado controlando con presencia militar disuasiva en la zona y la suspensión de determinadas garantías constitucionales, lo que en rigor no es ni una solución ni una situación que pudiera catalogarse de normal. Lo que ocurre en otras regiones, sin embargo, es de otra naturaleza.

Solicitudes de Estado de Sitio, llevar a las Fuerzas Armadas a las calles o anunciar nuevas cárceles son respuestas a priori ante la emergencia en seguridad, pero en ningún caso pueden leerse como acciones estratégicas que aborden la crisis de fondo: que los problemas estructurales no han sido abordados con soluciones estructurales. Organismos como el Ministerio Público necesitan un reenfoque -con fiscalías supraterritoriales y mejores herramientas-, al igual como las policías, Aduanas y otros organismos requieren inversiones en tecnología y capacitación, junto con llevar adelante una coordinación que pase más allá de las declaraciones. Lo que no es sostenible es seguir corriendo en círculos detrás de las organizaciones criminales, pues así no se puede prosperar.